Seis de cada diez municipios siguen sin adaptarse al decreto para legalizar viviendas.
La Junta de Andalucía estima que en torno al 40 por ciento de las viviendas irregulares de la provincia se han legalizado con esta norma, aprobada hace casi dos años
Casi dos años después de la entrada en vigor del decreto 2/2012, la han puesto en práctica menos de la mitad de los ayuntamientos de la provincia, 40 de los 101 municipios de Málaga.
En torno al 40 por ciento de las cerca de 300.000 viviendas ilegales que -se estima, según la Junta- hay en la provincia de Málaga se han regularizado con el decreto para legalizar construcciones irregulares aprobado por la Junta. Son estimaciones realizadas por la delegación de Ordenación del Territorio.
Casi dos años después de la entrada en vigor de la norma andaluza (el 1 de marzo de 2012), la han puesto en práctica menos de la mitad de los ayuntamientos de la provincia, 40 de los 101 municipios de Málaga.
El decreto 2/2012 aprobado por la administración regional plantea una salida para esas viviendas edificadas en suelo no urbanizable con el objeto de permitirles salir del limbo en el que se encuentran y legalizar su situación a través de figuras como el Asimilado Fuera de Ordenación o la declaración de Hábitat Rural Diseminado.
Pero hasta ahora, el 60 por ciento de los ayuntamientos no han adaptado su planeamiento urbanístico a esa norma, que no cayó bien a algunos propietarios ni tampoco a determinados municipios.
Las viviendas que se legalicen han de soportar a cambio, una serie de cargas, como costes de la urbanización de los accesos a estos domicilios, pagos de los tributos… algo que ya asumen las viviendas construidas legalmente.
El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, destaca que “la pelota está ahora en el tejado de los ayuntamientos” y no oculta que le gustaría que fueran más rápidos en adaptarse a la norma, aunque reconoce acto seguido las dificultades para poner en marcha el decreto sobre todo de los municipios más pequeños por el volumen administrativo que supone la regulación de las viviendas.
Pero no todas las viviendas ilegales son regularizables. En torno a un 15 por ciento no podrán obtener los permisos para legalizar su situación, fundamentalmente por encontrarse en terrenos inundables, una casuística que se da sobre todo en el Valle del Guadalhorce, en zonas cercanas al río.
Entre los primeros ayuntamientos en acogerse el decreto fue el de Málaga, que rápidamente se adaptó a la norma; con todo, aún le quedan por regularizar, y se está encontrando dificultades, en torno a medio millar de viviendas por la zona norte de Campanillas.
