vía ¿Víctimas del ‘boom’ inmobiliario ilegal?. La Voz Digital.

En la provincia de Cádiz no sólo se sufren las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria que ha favorecido el hundimiento del país en una profunda recesión de la que aún no ha salido, seis años después del pinchazo. Durante la etapa de la construcción voraz, en muchos municipios gaditano proliferó ese mismo fenómeno pero en la vertiente ilegal. El auge de las construcciones -en su inmensa mayoría chalés- violando el ordenamiento de localidades como Chiclana o El Puerto posibilitó que en esta zona del país surgieran artimañas que dieran respuesta a una demanda muy importante. El parque inmenso de inmuebles levantados en suelos no urbanos fue posible porque había compradores interesados en hacerse con una propiedad. La oferta no dejaba de ser tentadora, aunque arriesgada: se adquirían casas en parcelas grandes, con sitio para piscina y otras comodidades, a un precio muy inferior del que costaba un piso en el casco urbano o próximo a las zonas de playa. También estaban los promotores particulares que aprovechaban el terreno de su propiedad para construirse su vivienda, reduciendo notablemente los costes que traen consigo la adquisición de una casa con los papeles en regla, como por ejemplo las obligaciones tributarias.

Entre las tretas que profesionales del sector explotaron para burlar la ley y seguir construyendo sobre suelos no autorizados están los certificados falsos de obra nueva que garantizaban la existencia de inmuebles con una antigüedad superior a cuatro años. Aunque se encontraban en zonas rurales en las que no estaban permitidas las edificaciones, la infracción urbanística había prescrito y, por tanto, podían ser inscritas en el Registro de la Propiedad. El engaño consistía en certificar casas que no existían, que estaban a medio construir o recién levantadas para obtener el salvoconducto que las librara de la pica. Hubo profesionales, como el arquitecto Joaquín Palli Selga, que años después ha acabado en prisión tras acumular varias sentencias condenatorias. Se había especializado en elaborar estos certificados y era constantemente solicitado por los promotores que se movían en el negocio de las viviendas ilegales.

Ese engaño es también esgrimido años después por los dueños de esas casas en decenas de denuncias que están muriendo en los juzgados. Aseguran que han sido víctimas de una estafa y señalan como responsables a los promotores a los que adquirieron los terrenos o las viviendas sobre las que pesan ahora las órdenes de demolición. La fiscal delegada de Medio Ambiente, Patricia Navarro, confirma que no están prosperando estos asuntos, archivándose en su mayoría o con sentencias absolutorias en otros casos.

Estas reclamaciones persiguen el pago de una indemnización que les resarza de la pérdida económica que conllevan unas casas que pueden acabar reducidas a escombros en cualquier momento. «Si prospera la denuncia, pueden ver cómo recuperan el dinero invertido o en el mejor de los casos, obtener una compensación económica mayor que el valor actual de unas viviendas cuyo precio se ha desplomado». Así lo explica el letrado Javier García-Marichal quien recientemente ha ganado uno de los pocos pleitos que ha llegado a la Audiencia Provincial de Cádiz -la mayoría son archivados en instrucción- planteado por los dueños de tres viviendas ilegales levantadas sobre una parcela de suelo no urbanizable del extrarradio de Chiclana. También se sumó a las acusaciones el Banco Sabadell, que absorbió la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM); entidad que concedió los créditos hipotecarios entre los años 2006 y 2007 para unas casas que hoy están amenazas por la excavadora.

Recuperar el dinero

El patrocinado de García-Marichal es un conocido promotor de Chiclana, condenado por participar en los certificados falsos de obra nueva. En esta ocasión, los clientes a los que había vendido tres chalés levantados sobre una finca rústica del Pinar de María, le reclamaban el importe de las hipotecas que habían solicitado; además de una pena de prisión, de entre cinco y seis años y una multa de 3.600 euros para cada afectado. A su vez, el banco reclamaba el dinero de las cuotas insatisfechas de los préstamos que gravan unas viviendas ilegales. En esa línea se situaba también el fiscal, que pedía una condena por estafa y la nulidad de las escrituras de compra-venta de los tres inmuebles.

Pero la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha absuelto al promotor del delito de estafa porque no cree que los dueños de las casas fueran engañados. La magistrada ponente de la sentencia enumera un rosario de detalles que debieron hacer sospechar a las supuestas víctimas de qué tipo de adquisición inmobiliaria estaban haciendo: carecían de suministros básicos de electricidad y agua, correo, accesos sin asfaltar y están ubicadas en una zona de diseminado de actividad agraria. Para los magistrados eran pruebas «evidentes» de que el suelo sobre el que se asienta era rural. Y desestima los testimonios de varios de los denunciantes que aseguraron en el juicio que de saber que no era un terreno urbano no habrían comprado.

Los magistrados recuerdan también que esos supuestos estafados, después de adquirir las casas ejecutaron obras de mejora como piscinas y cerramientos sin pedir la correspondiente licencia municipal.

No leían los documentos

El tribunal acude, además, a los documentos de las tasaciones que utilizó la CAM en sus operaciones crediticias y en los que se hizo constar que los terrenos sobre los que se asientan las viviendas es no urbanizable y que había una vivienda «de cero años en un entorno rural». Pese a que el tasador estaba describiendo lo que era a todas luces un casa ilegal que podría ser objeto de un expediente administrativo que acabara en demolición, el banco concedió tres hipotecas por un importe medio de 150.000 euros.

Esas prácticas bancarias censurables se encuadran en un momento de euforia económica, en el que se relajaron los controles y las consecuencias, hoy en día, son de sobra conocidas. La UE salió al rescate de los bancos españoles, la mayoría cajas, que presentaban agujeros económicos insalvables. «Nadie hizo bien su trabajo. Las entidades que libraron hipotecas para construcciones ilegales que se registraron con falsos certificados de obra nueva, responsabilizan a los intermediarios y se escudan en que no eran necesarias las comprobaciones que hoy en día exigen para una tasación. Pero es que se ha llegado a dar el caso que una misma oficina llegó a conceder diversas hipotecas que gravaban la misma vivienda, tasada varias veces como si fuera distinta. ¿Nadie se dio cuenta que estaban hipotecando una y otra vez la misma casa?», se pregunta la fiscal delegada de Medio Ambiente.

E l que fuera director de la sucursal de la CAM que aprobó los préstamos hipotecarios declaró ante el tribunal de la Sección Cuarta que no se paró a ver si en las tasaciones se hablaba de suelo urbanizable o no, que sólo se detenía a leer el apartado de advertencias y condicionantes, y que si no aparecía nada, daba vía libre a la operación, que suponía la financiación directa para una compra millonaria. Llegó a decir que no sabía nada de propiedades horizontales ni calificaciones urbanas. Unas explicaciones que la magistrada ponente define de inaceptables. No sólo porque los documentos de las tasaciones utiliza términos «entendibles para un ciudadano de tipo medio» como suelo no urbanizable; «cuanto más para una persona sumamente cualificada que debe velar por la seguridad de las operaciones dinerarias, adoptando un mínimo de garantías». El tribunal no entiende cómo pudo pasar por alto la información clara que le estaba ofreciendo el tasador, y por la cual debió haber rechazado financiar las operaciones; «debió de bastar para recelar o al menos, acudir al departamento jurídico».

Eran otros tiempos, de barra libre continuada. La resaca ha hecho historia.